De ciudades y ciudadanos

Comunicado de Prensa – Opinion

Por Daniel Bianchi

Claramente la ciudad -conceptuada ésta genéricamente, por lo que el lector podrá asimismo interpretarla como localidad, pueblo o villa- es el ámbito en el cual se hacen posibles y desarrollan las libertades inherentes a los derechos ciudadanos más esenciales, entre ellos el acceso a la educación, a los servicios, al trabajo y la vivienda.

Las demandas de la ciudadanía generalmente no finalizan en la cobertura de las necesidades y servicios básicos, sino que muchas veces se traspolan aún más allá. Por ejemplo, los residentes reclaman la instalación de contenedores para basura en lugar de los tradicionales tachos metálicos, pero una vez que aquellos se encuentran situados, protestan por tenerlos frente a su domicilio debido al mal olor que desprenden o porque su presencia desluce el entorno.

Así, una gran parte de la población urbana no ha visto satisfechas sus necesidades, máxime cuando el entorno varía constantemente merced a las modificaciones territoriales, económicas, sociales y culturales, que traen aparejados -cuando no imponen- nuevos desafíos y responsabilidades.

El surgimiento de nuevas problemáticas demanda de parte de los gobernantes un discurso -y sobre todo, la puesta en práctica- que legitime y otorgue sensatez a los gobiernos locales, corriendo el riesgo, de no actuar así, de incrementar la segmentación social.

La realidad evidencia grandes desigualdades en el transcurso de las transformaciones diarias. No puede negarse, en absoluto, que los procesos económicos y financieros suceden a una velocidad muy diferente a la de los aspectos políticos y culturales, y es claro que en muchos casos las desigualdades sociales aumentan.

Minimizar esa brecha requiere, ineludiblemente, un cambio político que a estas alturas aparece como impostergable, que se sustente sobre valores universales, que no excluya a los ciudadanos, que no genere desigualdades y que dé respuesta a los reclamos de la gente. Y es que ella tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde se encuentra arraigada, donde ha formado su familia, donde fomenta sus relaciones sociales. Tiene derecho al uso de los espacios públicos como reguladores de un urbanismo integrador, que equipare las condiciones de acceso y de movilidad para todas las personas y, fundamentalmente, para las discapacitadas. Tiene derecho a que dichos espacios públicos faciliten la relación sociocultural de las distintas comunidades (barriales, étnicas, etarias), a que sus equipamientos (forma, diseño, color) incorporen la estética como testimonio de calidad urbana y a que se respete y valore el patrimonio histórico-cultural.

Tiene derecho, además, a una calidad de vida integral que contemple el uso de los recursos naturales y energéticos, y a la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).

Todas ellas son variables a las que no pueden estar ajenos ni los programas públicos de vivienda, ni los de infraestructuras, ni los de servicios, y que forzosamente deben incorporarse a un plan organizado de trabajo si lo que se quiere es cumplir con éxito la tarea gubernamental.

Es indispensable que las políticas públicas atiendan las necesidades de los ciudadanos afincados en zonas marginales, de manera tal de reubicar o regularizar los asentamientos, introduciendo en ellos calidad urbana y promoviendo sistemas originales de participación ciudadana que se adecuen de manera específica a las singularidades de las poblaciones especialmente vulnerables.

Por motivos de eficacia, eficiencia y aptitud de la gestión pública, los ciudadanos tienen derecho a un gobierno de proximidad, representado hoy por los Municipios. Pero casi siempre ello demanda una estrategia generada como producto de la reflexión y de la participación ciudadana, ámbitos de planificación y sistematización, de redistribución de recursos y de gestión de servicios con costos a veces muy elevados, con los que los Municipios no cuentan ni contarán en el corto plazo.

No tomar en cuenta esos factores irremediablemente conducirá al fracaso, y a plasmar una imagen corporativa o improcedente de los gobernantes que, en ningún caso, es saludable a la vista de los habitantes.