A las pedradas

Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi

 

Se acerca el momento.

El ómnibus aminora su velocidad, el guarda comienza a transitar por el pasillo del rodado y, antes de que se los solicite, ya los pasajeros saben qué hacer.

Apagan las luces, corren las cortinas de las ventanillas, y se deslizan lo más posible hacia abajo en su asiento, mientras aguardan con expectativa el ruido de la primera piedra rompiendo alguno de los cristales del vehículo.

La escena es, lamentablemente, conocida por la mayoría de los usuarios de las líneas de transporte que unen Montevideo con las distintas localidades del departamento de Colonia. Es moneda corriente particularmente en horas de la noche en los accesos oeste a la capital del país, en las inmediaciones de los barrios El Tobogán y La Paloma, desde el Arroyo Pantanoso, pasando frente al Estadio “Luis Tróccoli” (del Club Atlético Cerro), hasta Camino Cibils.

Y no sólo es sobrellevada por las empresas de transporte interdepartamental, sino también por otros vehículos, en especial camiones.

Es en la misma zona donde desde los puentes peatonales algunos elucubradores del mal cuelgan piedras atadas a cuerdas apenas perceptibles justo a la altura de los parabrisas de los automóviles, de manera de romper los mismos para, cuando el chofer detiene la marcha para ver qué sucedió, aprovechar para robarlo.

No es una novedad. Hace por lo menos ocho o nueve años que son una constante, con mayor o menor asiduidad, en esa parte del país. Como es una constante también la apatía de la Policía para ejecutar acciones que pongan fin a ese flagelo que ha ocasionado heridas a choferes, guardas y pasajeros de los ómnibus. Y no siempre puede asegurarse que hayan sido piedras las utilizadas; en más de una ocasión, por la rotura del vidrio, se ha manejado la posibilidad de que haya sido una bala la causante del estallido del cristal.

Como sea, tanto el enfado y el temor de los pasajeros como de los conductores y guardas de ómnibus interdepartamentales está más que justificado. De hecho, hastiados ya de vivir situaciones como la relatada, los trabajadores nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores y Obreros del Transporte (UNOTT) reclamaron al Ministerio del Interior (MI) que adopte medidas para solucionar este problema y solicitaron para esta semana una reunión urgente con el titular de dicha cartera, Eduardo Bonomi.

La causa obedece a una de las últimas pedreas sufridas por dos empresas de transporte. Además de una pasajera que sufrió convulsiones y debió ser internada en un nosocomio montevideano, uno de los conductores sufrió un corte en la cabeza por el golpe de una piedra lanzada contra el vehículo (debió ser intervenido y recibió 14 puntos de sutura en el cuero cabelludo) y el otro algunos cortes como resultado del estallido del parabrisas del vehículo. Este último, en declaraciones a la prensa, expresó que no se trata de agresores que tengan intención de robo, sino de jóvenes que esperan el paso de los coches “para tirar a matar”. No fue tibio al opinar que, para él, se trata de “asesinos”. Y es difícil no coincidir con su opinión tras enterarse que la piedra que le arrojara un joven que bajó corriendo por un terraplén, tenía alrededor de 20 centímetros de largo, y además de destrozar el parabrisas, rompió la puerta que separa la cabina del pasillo y avanzó varios metros dentro del vehículo.

Los conductores aseguran, con conocimiento de causa, que “por la manera que tiran”, en cualquier momento “puede ocurrir una desgracia” e, incluso, que “puede haber una matanza”.

Frente al reclamo de los trabajadores del volante, y de los pasajeros, que deben soportar mucho más asiduamente de lo deseable situaciones como la descripta, el MI no tiene respuestas.

Una mayor presencia policial es largamente reclamada no sólo por conductores profesionales, sino por familias que han sufrido el vandalismo de quienes, hasta ahora, se amparan en la oscuridad de la noche y en la impunidad.

Para Bonomi, episodios como el señalado son una sorpresa porque, según su experiencia, ellos siempre tenían como objetivo el robo y no quitar una vida, y además, según él era una práctica que había decaído y que ahora se vuelve a retomar. Más allá de lo mal informado del ministro -los episodios nunca dejaron de suceder- la primera especulación del secretario de Estado respecto a las posibles soluciones fue “quizás” trasladar la Zona 4 desde El Prado hasta la zona de conflicto, para lo cual demandaría “1400 metros cuadrados de un edificio que tenga todo para la operativa policial”.

Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, más expeditivo, sostuvo con relación a las pedreas a los ómnibus interdepartamentales que la «Policía no admite perder batallas», y fue un poco más explícito que Bonomi al manejar la posibilidad de instalar cámaras de seguridad con dos objetivos: identificar a los autores de los atentados y, simultáneamente, presentar las filmaciones como elementos de pruebas ante la Justicia.

Las medidas -las tres- nos parecen bien. Pero por ahora no dejan de ser meras especulaciones e hipótesis que se barajan mientras conductores, guardas y pasajeros siguen sufriendo agresiones.

Habrá que tomar decisiones rápidas, porque no se trata ya de perder batallas. Se trata de perder vidas, lo que es mucho más serio.