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A tres días de la Navidad, el próximo martes 22 de diciembre, el Frente Amplio hará valer su mayoría en la Cámara de Representantes para darle sanción definitiva a la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios.
Ayer en el Senado, también con esa mayoría de la coalición de izquierda y el rechazo insistente de la oposición, se aprobó la norma que genera discrepancias profundas e irreconciliables en el sistema político.
Además de criticar el contenido de la ley de medios, la oposición advirtió sobre inconstitucionalidades y peligros en su aplicación.
Entre otras cosas, blancos y colorados compararon la norma con las que rigen en Argentina, Venezuela y Ecuador. El Frente Amplio se defendió de las acusaciones y aseguró que hay garantías para que se mantenga la libertad de expresión.
Sea como fuere, la ley pone fin a las concesiones sin fecha de vencimiento para las empresas que administran desde hace décadas las ondas de canales de televisión por aire.
También crea un organismo de contralor con la capacidad de castigar económicamente a los medios, e incluso disponer -cuando se sumen faltas graves- la no renovación de las licencias, aunque ello debe ser laudado por la Justicia en última instancia.
Para el FA la ley de medios pondrá punto final a viejas prácticas de concesión de ondas de radio y TV que eran otorgadas por “amiguismo político”. Para la oposición, sin embargo, está en juego “la libertad”, como dijo el senador colorado Pedro Bordaberry; y llevará a los periodistas a “la autocensura”, según el senador Sergio Abreu.
Ernesto Agazzi,en defensa del gobierno, rechazó esa visión y dijo que el objetivo es “proteger la libertad de expresión”.
Blancos y colorados hicieron advertencias, denunciaron que solapadamente se busca beneficiar a ANTEL y su monopolio, y entienden que hay riesgos de estar “ante un gran hermano”. Además, el líder de los colorados criticó al presidente José Mujica por cambiar de opinión.
El presidente había dicho que si le llegaba a su despacho un texto de ley de medios lo tiraría a la basura. Mujica ahora salió a defender lo que anoche aprobó el Senado.
El mandatario explicó su cambio en el temor de que grandes grupos económicos se apropian de las comunicaciones de Uruguay. “Parece que cualquier cosa que sea regular es un pecado mortal. Yo pienso exactamente al revés. Los tiburones de afuera, si esto no se regula, nos terminan tragando”, afirmó en Océano FM.
El que le salió al cruce también estuvo en el sillón presidencial. Luis Alberto Lacalle preguntó qué ocurrió dentro del Frente Amplio que justifique un viraje tan notorio como el que tuvo el presidente Mujica.
Lacalle afirmó que la ley es “un error político” y habló de señales “oscuras” y “luces que se van apagando” en el camino de Uruguay. “En materia de garantías esta ley no agrega un gramo” y por el contrario se suman “posibilidades de restringir libertades”, alertó.
Cuestionó que desde la izquierda se haya propuesto crear un tribunal constitucional para “controlar” al Poder Judicial; que se haya amenazado con cortar el presupuesto de la Justicia; la afirmación de que si no hay mayoría en las cámaras se consiguen en las calles; que hubo un paro del PIT-CNT a cuenta de un candidato a presidente de la República; que se quiera un Ejército con cintillo partidario; y que se tenga “un desprecio por el Derecho y la Constitución” que se coronó con el presidente Mujica haciendo campaña electoral.
Para Lacalle, la ley no es necesaria y es “un espanto” que se quiera regular la producción nacional para fomentarla. “El tema no es darle espacio, es que sean buenos”, dijo. Recordó que cuando iba a las matiné del cine Casablanca, entre película y película, fomentado por el peronismo había cortos con actores argentinos que eran “un bodrio”.
Lacalle cerró su participación deseándole “larga vida” al presidente electo Tabaré Vázquez que mantiene diferencias con la administración Mujica por quién debe ser el encargado de reglamentar la ley.
En la cámara alta, el Frente Amplio -con la tranquilidad que otorga tener mayoría- explicó el alcance del texto de 186 artículos y rechazó que se esté ante una ley mordaza. Para la izquierda, el proyecto da garantías (ver página 3).
En sala
Daniel Martínez elogio el proyecto y rechazó las críticas. “No es una ley mordaza ni una ley fascista”, dijo a El Observador. Para el socialista la norma “es garantista” y asegura la libertad de expresión.
“Un sistema de comunicación audiovisual tiene por objetivo que cada ciudadano pueda escuchar sobre cada tema los diferentes puntos de vista y decidir con su propia cabeza. La idea no es que existan controles o monopolios ni oligopolios, sino que los ciudadanos accedan a todos los puntos de vista” insistió.
Usó a su favor que países desarrollados como Inglaterra, Francia, España y EEUU tengan marcos regulatorios que apuntan a dar garantías. “Esta es una ley garantista. En ningún caso se toca o se controlan contenidos más que los que se especifican claramente como el capítulo de protección del menor”, afirmó. Para el gobierno la propia estructura institucional garantiza los objetivos.
El Consejo Asesor de Comunicación –que se encargará de controlar el cumplimiento de la ley y si detecta irregularidades las pasará a la Justicia– tendrá un representante del Poder Ejecutivo y los otros cuatro serán nombrados por dos tercios de la Asamblea General.
El senador Ernesto Agazzi (MPP) aseguró que no habrá “censura previa” en los medios audiovisuales. “Se promueve la libertad de información y para eso debe haber diversidad de información”, dijo.
También la emprendió contra la concentración de los medios, los monopolios y los oligopolis “que no permiten el pluralismo de enfoques, ideas ni de análisis”.
Mordaza
Bordaberry dejó claro que a su entender lo que está en juego es “la libertad” y recordó lo “acosada” que vive la prensa en Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador que tienen leyes “mordaza” como la que pretende aplicar Uruguay.
Señaló que habrá “seis organismos” para controlar a los medios con facultad, como en Venezuela y Ecuador, de poner “multas tremendas”.
Además, en su opinión la ley tendrá poca vida porque entrará en desuso muy pronto al dejar fuera de su alcance a internet. “Y se dejó afuera a internet porque hay normas encubiertas para aumentar los monopolios de ANTEL”, afirmó.
Para Bordaberry todo el capítulo de la publicidad electoral es inconstitucional. Los colorados se quejaron además de que si la norma se aprueba, el partido de la Concertación (que no compitió en la elección anterior) no va a tener publicidad gratis.
Daniel Martínez y Lucía Topolansky, dos candidatos mencionados para la Intendencia de Montevideo, se llevarán la publicidad, dijo Bordaberry, y planteó que deberían abstenerse de votar esa ley.
El senador Enrique Rubio tomó nota y a su turno adelantó la disposición del Frente Amplio de hacer valer ese punto luego de las elecciones municipales de mayo.
Sergio Abreu, que fue la voz cantante del Partido Nacional, opinó que lo que está en juego “es la calidad del estado de derecho”.
Afirmó que varios artículos violan la Constitución, que se regula en forma “discriminatoria” afectando a los prestadores privados frente a los públicos y los extranjeros; y por otro lado, se crean monopolios a favor de ANTEL.
“¿Los noticieros podrán informar de la violencia en el estadio porque será violencia explícita; se podrá ver a los Power Ranger?”, ironizó. Para Abreu, “se entra en un camino peligroso”.(EL OBSERVADOR)
