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La prensa local sostiene que los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, ambos de la base oficialista, figuran en la lista recibida por el Supremo, que según fuentes de ese tribunal contiene 54 nombres. La versión no fue confirmada por el tribunal, pero sí desmentida por ambos parlamentarios. «No tengo ninguna información», declaró Calheiros, en tanto que Cunha aseguró que «eso es mentira».
Los documentos fueron enviados por el fiscal general, Rodrigo Janot, al despacho del magistrado Teori Zavascki, uno de los diez miembros del Supremo, instructor de este caso y que definirá en los próximos días si los nombres de los políticos son publicados o no. En caso de que Zavascki considere que aún deben ser ampliadas las investigaciones, pudiera decidir mantener en reserva todos los nombres de los implicados, pues el proceso se desarrolla bajo un estricto secreto judicial. Bajo la ley brasileña, los políticos y miembros del gabinete solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema.
Contratos amañados
El caso, que se investiga desde hace casi un año, se refiere a una vasta red de corrupción que se calcula que está enquistada en la empresa desde hace más de una década y que se habría apropiado de sumas no precisadas, pero calculadas en varios millones de dólares.
Hasta ahora, la Policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la estatal. Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la Justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por políticos, que de acuerdo a las informaciones obtenidas por la prensa local pudieran ser «decenas», en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff.
Según establecieron las autoridades, los empresarios obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban las corruptelas. Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en que arreciaban las corruptelas, ha reiterado que la Justicia llegará a los culpables de las corruptelas y afirmado que «pagarán por eso».
