Tres organizaciones sociales vinculadas a la legislación, datos y acceso a la información se manifestaron ayer mostrando su preocupación con la forma en que fue regulado el uso del sistema de interceptación “El Guardián”; según pudo saberse a través de El Espectador.
El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay difundieron una declaración en la que advierten por la “insuficiente” regulación bajo la cual operará el nuevo sistema y por el “alcance limitado de los controles”, aunque reconocen como un avance que haya sido publicado el protocolo.