En apenas nueve meses de gestión al intendente de Salto, Andrés Lima, casi que no le queda ninguna otra crisis por atravesar. Ni bien empezó su mandato los problemas del departamento empezaron a relucir a tal punto que apenas una situación parecía normalizarse, otra saltaba por otro lado.
Faltaban dos semanas para que asumiera cuando los funcionarios municipales realizaron un paro de diez días en reclamo por el pago de sus salarios.
La acumulación de toneladas de basura en las calles hizo que el presidente Tabaré Vázquez pidiera a las autoridades del departamento que iniciaran un relevamiento para analizar el estado sanitario de la ciudad.
Una vez levantada la medida sindical, el gobierno tuvo que enfrentarse a las deudas que mantenía con sus funcionarios.
Como no tenía dinero suficiente para pagar los salarios y empezó a aflorar la posibilidad de recortar la plantilla, cerca de 100 empleados abordaron a Lima en la puerta del edificio municipal para increparlo.
Finalmente terminó por concretar el despido de más de 200 trabajadores
No había pasado un mes de gobierno cuando la intendencia recibió una llamada desde la embajada de Japón preguntando por la construcción de un banco materno para la cual la delegación nipona había brindado US$ 61 mil, lo que llevó al gobierno departamental a empezar una investigación para ver dónde se había gastado.
Después llegaron las fiestas de fin de año que, en los hechos, poco tuvieron de celebración. Las crecidas del río Uruguay y de los arroyos Ceibal y Sauzal provocaron inundaciones como no se habían visto en los últimos 40 años en el departamento, y casi 1.600 personas tuvieron que dejar sus casas por miedo a que el agua los alcanzara.
Ya para Reyes el agua empezaba a desaparecer de las calles, pero en cambio llegaron las víboras, las ratas y los mosquitos. Entonces apareció la leishmaniasis, una enfermedad en perros sobre la cual hasta el momento se había escuchado poco.
El Ministerio de Salud Pública esta vez sí decretó la emergencia sanitaria y varios perros tuvieron que ser sacrificados.
Ahora, la aparición de ocho facturas adulteradas presentadas por ediles y una denuncia penal en trámite parecen indicar que lo de Salto es un tema de nunca acabar.
Informe:El Observador