Para algunos legisladores, la iniciativa choca con los principios del Estado y crea riesgos difíciles de revertir.
Más allá del respaldo parlamentario en la comisión de Salud Pública y Asistencia Social del proyecto de eutanasia, la iniciativa no está exenta de resistencias firmes, tanto de sectores religiosos como políticos. Para algunos, legalizar la eutanasia representa una línea roja ética que Uruguay no debería cruzar.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, expresó una postura crítica sobre el proyecto de ley de eutanasia aprobado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, señalando que su mayor preocupación radica en la falta de garantías suficientes para quienes soliciten la muerte anticipada.
Según explicó, muchas veces este pedido surge en contextos de sufrimiento físico o emocional que, si fueran bien atendidos, podrían revertirse. Remarcó la importancia de un abordaje interdisciplinario —con médicos, psiquiatras, psicólogos, especialistas en cuidados paliativos e incluso asistentes sociales— para asegurar que la decisión de solicitar la eutanasia no esté condicionada por factores como la violencia doméstica o la falta de acceso a tratamientos adecuados.
Goñi también expresó que legalizar la eutanasia implica, desde su perspectiva, un retroceso ético, jurídico y social. Considera que la legalización pondría en cuestión el principio fundamental del derecho a la vida y habilitaría al Estado a quitar esa protección en ciertas circunstancias, creando una categoría de personas cuyas vidas tendrían menos valor.
A su entender, esto debilitaría la base sobre la cual se sostienen todos los demás derechos humanos. “Estás abriendo la puerta de que las personas puedan renunciar a los derechos, si tú podés renunciar al derecho a la vida, vas a poder renunciar a todos los demás” indicó.
Para la diputada Nicolle Salle, de Identidad Soberana, quien votó en contra del texto en la comisión, fundamenta su postura en una preocupación central: “Clasificamos a un sector de la población como eutanasiable, mientras que con otro hacemos prevención del suicidio. Le estamos diciendo que su vida tiene menor valor, que no es una vida digna”.
Desde su perspectiva, la legalización no solo contradice el principio del derecho a la vida, sino que implica una falla estructural del Estado: “El mero hecho de que alguien esté bajo un sufrimiento insoportable implica que no se le pudo, como sociedad, brindar una solución a su problemática”, señaló.
La legisladora pone el foco en la falta de acceso universal a los cuidados paliativos como un punto ciego del debate. “Esa persona no tiene una real libertad para decidir, porque no sabe lo que es una vida sin dolor. No podemos habilitarles el botón del descarte si no tienen verdaderas opciones”, señaló.
A su entender, la ley actual sería “contradictoria”, ya que parte del sufrimiento como condición para acceder a la eutanasia, cuando precisamente la medicina debería ser capaz de eliminar ese sufrimiento sin llegar a la muerte asistida.
Como alternativa a la eutanasia, el diputado Goñi defendió el fortalecimiento de los cuidados paliativos, subrayando que hoy estas prácticas médicas permiten controlar “entre el 98 y el 99 % de los sufrimientos físicos” en pacientes con enfermedades terminales. Incluso en los casos más complejos, explicó, existen recursos clínicos como la sedación paliativa que “permiten no sentir dolor”. Sin embargo, advirtió que “la mitad de los uruguayos no tiene cuidados paliativos de calidad”.
Otro de los aspectos que genera alarma para la diputada Nicolle Salle, es el rol que se les asigna a los médicos: “Se les convierte en jueces y ejecutores. Pasan de haber hecho un juramento hipocrático a tener que aplicar la muerte”, afirmó. Considera que, sin un comité de ética independiente o la participación obligatoria de paliativistas y psiquiatras, el procedimiento no es suficientemente riguroso.
Además, advierte sobre los riesgos de una posible “pendiente resbaladiza” que podría abrir la puerta a futuras ampliaciones de la ley: “Estamos firmando un cheque en blanco. En países como Canadá ya se ha ofrecido la eutanasia a personas que no pueden pagar un alquiler o que están deprimidas. Eso es inevitable que suceda” señaló.
Salle también cuestiona el peso simbólico y social que tiene ofrecer la muerte como alternativa: “Cuando uno le ofrece morir a un paciente, le está diciendo que su vida no vale. No es una elección verdaderamente libre”.
Para Goñi, “Con la eutanasia contradecís sustancialmente el principal fundamento de la prevención del suicidio”, afirmó, advirtiendo que esta disonancia puede debilitar los esfuerzos por contener a quienes atraviesan situaciones límite y hoy reciben apoyo para no tomar una decisión irreversible.
Si bien el proyecto establece con claridad que solo podrán acceder a la eutanasia personas con enfermedades terminales o gravemente invalidantes, y bajo estrictas condiciones, para algunos legisladores el problema va más allá del texto legal.
La preocupación central radica en el riesgo de consolidar una cultura del descarte, donde el valor de la vida se relativice según el nivel de sufrimiento y la autonomía funcional. Desde esta mirada, legalizar la muerte asistida implicaría redefinir el rol del Estado, ya no como garante del cuidado y la protección, sino como habilitador de la interrupción anticipada de la vida.
Como advirtió el diputado Rodrigo Goñi, “Cuando tú le quitas la protección y el valor a la vida como fundamento, todo lo demás se va cayendo”. La pregunta que queda planteada es si una sociedad puede sostener sus derechos más fundamentales cuando comienza a permitir renuncias sobre el primero de todos: el derecho a vivir.
FUENTE: Diario La R
Por Stella Fuenmayor
28 de julio de 2025