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Es un hecho que se registra desde hace al menos cinco años. Los ingresos al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) –donde se forman los abogados que aspiran a ser jueces– siguen bajando y no alcanzan para cubrir las vacantes que se generan por retiro o renuncias. El hecho preocupa a las autoridades, sobre todo de cara al nuevo Código del Proceso Penal que comenzará a aplicarse en 2017 y creará sólo para Montevideo cerca de 20 nuevos cargos de magistrados.
Pese a que a partir de 2011 se redujeron los requisitos de ingreso al CEJU y se dejó de pedir una buena escolaridad y un mínimo de materias perdidas a lo largo de la carrera, los inscriptos para ingresar a la capacitación volvieron a bajar entre 2012 y 2013, y entre 2013 y 2014, respectivamente.
Desde hace tres años, para cursar el CEJU solo es necesario tener el título de abogado, y realizar una prueba de ingreso cuyos temas incluidos pasaron de 20 a tres. Los aspirantes son evaluados en conocimientos de Derecho Procesal, Derecho Penal y Derecho Civil.
Aún así, apenas salva la prueba entre 10% y 20% de los postulantes. “Pierden masivamente, a pesar de que el conocimiento que se exige es el mismo de facultad”, se explicó desde la escuela de jueces. La directora de CEJU, Nilza Salvo, afirmó que “existe preocupación” por esta situación y por el poco interés que despierta la carrera judicial.
El problema ya se venía registrando: en 2009 se dio el pico más bajo, cuando se anotaron 35 aspirantes a jueces, mientras que en 2010 fueron 71. Con el cambio en los requisitos de ingreso, los postulantes habían llegado en 2012 a 91, pero luego de realizar la prueba de ingreso, solo quedaron 15 (16%).
En 2013 fueron 143 los interesados pero quedaron sólo 20 (13%). En tanto, en 2014 se inscribieron 92 y pasaron la prueba 19 (20%), que son quienes se están preparando y estarán prontos para empezar a trabajar en 2016.
El problema es que el número de egresados no alcanza para completar las vacantes que se generan cada año por jueces que se jubilan o renuncian.
Según explicó a El Observador el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larriuex, en promedio por año es necesario completar doce vacantes.
Del CEJU egresarán este año los 20 que comenzaron hace dos años, y en 2016 egresarán los 19 que salvaron la prueba. En dos años se necesitan al menos 24 magistrados prontos para ejercer.
La preocupación por esta situación se ve agravada ya que a partir de 2017 entrará en vigencia el nuevo proceso penal que obligará a crear numerosos cargos de jueces.
La directora del CEJU indicó que quienes ingresen como jueces letrados en lo penal y tendrán que aplicar el nuevo código, serán quienes actualmente se desempeñan como jueces letrados o de paz.
“El tener gente formada para enfrentar el nuevo código no es el problema porque vas a formar a los que ya son jueces, el tema va a ser en llenar las vacantes que dejen esos jueces”, explicó Salvo.
La misma preocupación fue planteada por el juez penal Marcos Seijas, candidato a vicepresidente por la Lista 2 en las elecciones de la Asociación de Magistrados que se realizan hoy (ver nota inferior). En su opinión “la carrera judicial es muy vocacional” pero sería beneficioso que hubiera más interesados en ejercerla.
Al ascender los jueces que ya están en funciones van a generarse puestos libres en los niveles inferiores. Según la directora del CEJU se da una problemática de difícil solución, porque deberán moverse “entre dos parámetros: la necesidad de que aumente el ingreso y la necesidad de mantener un mínimo de calidad”.
Desmotivación
De acuerdo con una encuesta del Colegio de Abogados del Uruguay realizada en 2011, alrededor de 75% de los profesionales prefiere el ejercicio libre de la profesión.
Desde 2010 la Suprema Corte realiza un sondeo entre los abogados al momento de tomarles juramento (antes de que comiencen a ejercer), sobre si conocen el CEJU y si tienen interés en ingresar a la magistratura.
La falta de motivación para la mayoría de los nuevos abogados radica en el desarraigo que implica el traslado al interior del país, para “hacer carrera”, ya que deben empezar a trabajar en el interior. Además, la magistratura impide realizar otras actividades, salvo la docencia, y los salarios si bien han tenido incrementos son menores a los de la actividad privada.
El salario de un juez de paz de segunda categoría (el escalafón más bajo) llega a $ 54.356, e incluye compensaciones para vivienda y una partida académica. (El Observador – Producción Lorena Maya).
