Pasa en Uruguay: Codicen sumarió a la pareja de denunciante de psicólogos ñoquis

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP dispuso el sumario con separación del cargo y retención de la mitad de los haberes de la pareja de la funcionaria que denunció a los psicólogos ñoquis, informaron a El Observador fuentes allegadas al caso.

El hombre al igual que la mujer era funcionario de la ANEP y trabajaba en el Consejo de Educación Técnica Profesional (CETP –exUTU). La denunciante –sumariada en febrero de 2014- trabajaba en la ex Unidad de Diagnóstico Integral (UDI), hoy Unidad de Promoción, Intervención y Desarrollo Educativo (Upide). Sin embargo, al momento del sumario se desempeñaba en la Intendencia de Montevideo a través de un pase a comisión, que había solicitado por malos tratos que recibía en la exUDI.

En febrero del año pasado, cuando se sumarió a la mujer el argumento que utilizó el Codicen fue que la denuncia había generado “escándalo público”. Se agregaba que su pareja también “estaría relacionada con las denuncias formuladas”. Sin embargo, esta vez, la notificación de la ANEP no presenta explicaciones. Simplemente se remite al expediente 2012-25-1-005163, que es el de la denunciante, señalaron las fuentes.

La notificación de sumario que recibió la mujer recomendaba también al CETP “que en caso de compartir las conclusiones arribadas en esta investigación administrativa se disponga la instrucción de un sumario administrativo al funcionario (…) por la causal de irregularidades, con separación del cargo y retención de los medios sueldos, homologándose las actuaciones como sumariales”.

Diez meses después -a principios de diciembre- el funcionario recibió en su oficina de la UTU la notificación de su sumario. Sin embargo, la resolución no era del CETP, sino del Codicen, señalaron los informantes.

Ante la falta de explicaciones por el sumario, el funcionario presentó un recurso ante la UTU y el Codicen, solicitando una explicación, pero todavía no ha recibido una respuesta, se informó. Según señalaron las fuentes consultadas, la administración tiene hasta 150 días para contestar.

Según se supo El Observador intentó comunicarse con el director general del CETP, Eduardo Davyt, pero no fue posible ubicarlo.

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