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La ex diputada de la Asamblea de Madrid Tania Sánchez declarará como imputada el próximo 23 de junio por los contratos adjudicados a su hermano en el Ayuntamiento de Rivas, desvelados por ABC,. La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Arganda también ha citado como imputados al padre de Tania Sánchez, el concejal Raúl Sánchez; a su hermano, Héctor Sánchez, beneficiario de los contratos;al alcalde en funciones de Rivas, Pedro del Cura; y a las funcionarias Yolanda Pérez y Abril Barceló, ex socias de Héctor Sánchez.
Están acusados de tres delitos, prevaricación, tráfico de infleuncias y malversación, en la contratación de la cooperativa Aúpa, manejada por el hermano de Tania Sánchez, que fue adjudicatario de 29 contratos del Ayuntamiento de Rivas por un importe de 1,3 millones de euros. El alcalde y las dos funcionarias declararán el día 22 de junio, mientras que Tania Sánchez, su padre y su hermano lo harán el 23.
El PP presentó la denuncia el pasado 16 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid porque en ese momento Tania Sánchez era aforada por su condición de diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Posteriormente, Sánchez dimitió de su cargo, por lo que el TSJM dejó de ser competente. El PP se dirigió a los juzgados ordinarios, los de Arganda, partido al que pertenece Rivas Vaciamadrid.
Tal y como reveló este diario, Tania Sánchez y su padre, Raúl Sánchez, como concejales del Ayuntamiento de Rivas, participaron directamente en la adjudicación de los contratos de talleres musicales a la cooperativa Aúpa, cuyo administrador único era Héctor Sánchez.
La ex pareja sentimental del líder de Podemos, Pablo Iglesias, votó a favor de contratar a su propio hermano desde su posición como miembro de la Junta de Gobierno local, pese a que la ley marca que debía abstenerse de todo el procedimiento. Este contrato, 137.000 euros en octubre de 2008, fue la primera información de este diario sobre el escándalo de las adjudicaciones. Al final, ABC ha destapado 29 contratos que superan los 1,3 millones de euros.
Entre los querellados también figuran las funcionarias que habían creado la cooperativa, Yolanda Pérez y María Abril, y que, posteriormente, desde su posición en el ayuntamiento, elaboraban los pliegos y valoraban las ofertas en los concursos que terminaban adjudicándose a la cooperativa Aúpa.
La querella también afecta a los llamados contratos del tenis, que fueron adjudicados a una empresa de la que era apoderado un funcionario municipal. Tania Sánchez y su padre adjudicaron a Sport & Tennis Professional Service 425.000 euros en prórrogas de dichos contratos.
