Estar a Derecho, mandato para todo

OPINION – La situación política brasileña es sumamente delicada y compleja.

La designación del ex presidente Lula como jefe de gabinete del gobierno de Dilma Rousseff agregó un potente factor de irritación a un cuadro general sombrío. Lula está siendo investigado por diversos delitos, por el juez que en el marco de la famosa operación «Lava Jato» envió a la cárcel a prominentes figuras políticas. Su designación en un cargo ministerial sustrae su causa del conocimiento de ese juez, ya que en Brasil sólo el Tribunal Supremo puede investigar y juzgar a los ministros, legisladores y titulares de otros cargos de importancia. De los once miembros del Tribunal Supremo, nueve les deben su designación a Lula y a Dilma, según informaba “Brecha” la semana pasada.

Desde que empezó a manejarse públicamente la posibilidad de la designación de Lula, pareció evidente que de lo que se trataba era de proteger al líder del PT de una investigación judicial extraordinariamente rigurosa y severa. Una conversación telefónica entre él y Dilma, interceptada, grabada y difundida públicamente por el juez Moro -que así se llama el magistrado actuante- disipó toda duda al respecto: Dilma le dice a Lula que le envía el acta de la designación para que la use si la precisa… Queda de manifiesto que la presidente usa su poder de designar ministros con el fin torcido de dificultar la acción de la Justicia.

Como era previsible, estos hechos generaron indignación, agitación política y protestas populares. Lo que no se pudo prever, desde Uruguay por lo menos, fue que habría también no una, sino varias respuestas judiciales: en varios juzgados de Brasil se incoaron acciones tendientes a impedir o anular el nombramiento de Lula. Una de esas acciones ya condujo a que un juez -que luego fue fotografiado en una manifestación contra Dilma- decretara la nulidad de la designación, 40 minutos después de que el ex presidente asumiera su cargo. Obviamente, esa decisión judicial ya fue apelada por el gobierno, pero hay otras acciones similares en trámite que garantizan la continuación de la batalla en los estrados.

Si el manejo político de la situación resulta francamente repudiable, la actuación de jueces y fiscales también merece reparos serios. A Lula se le llevó a prestar declaración conducido por la fuerza pública, cuando hubiese bastado con citarlo para que compareciera. Se pidió luego su prisión preventiva, sin que pueda entenderse la necesidad de la medida. La grabación de sus conversaciones telefónicas puede ser lícita si el juez la dispuso con las formalidades pertinentes, pero la difusión pública de la grabación es un exceso evidente, que contamina la prueba obtenida.

Ante la complejidad de la situación, que tanto daño hace a Brasil y a sus instituciones, no cabe simplificar y elegir un bando contra el otro, como si se tratara de elegir un equipo del cual hacerse hincha. Lo que corresponde es estar a Derecho. Las responsabilidades de los gobernantes o ex gobernantes deben investigarse y juzgarse y sancionarse, si corresponde, como la de cualquier hijo de vecino. Si Lula aceptó coimas, o traficó influencias, o cometió el delito que fuere, corresponde que se le castigue por ello. Si Dilma Rousseff faltó a sus deberes o usó indebidamente el poder de su cargo, es legítimo que el Congreso haga efectiva su responsabilidad política. Todo ello, claro está, con todas las garantías del debido proceso.

Hay que rechazar con energía el afán de algunos de identificar las investigaciones judiciales o los procedimientos parlamentarios de «impeachment», con el golpe de estado. Con ese argumento hubiese correspondido defender a Richard Nixon, a Color de Mello o a Alberto Fujimori: todos ellos fueron elegidos por el pueblo. Pero en el Estado de Derecho, también los gobernantes elegidos por el pueblo deben respetar la ley e incurren en responsabilidad si no lo hacen. Y esa responsabilidad debe hacerse efectiva, pues de lo contrario las leyes serían letra muerta y las instituciones una cáscara vacía.

Ni los jueces ni los legisladores, empero, pueden hacer lo que se les antoje para perseguir hipotéticos delitos, ni para hacer efectivas pretendidas responsabilidades políticas. Ellos también deben actuar dentro de la ley, aplicándola de buena fe, con ecuanimidad y sin buscar otros objetivos que los establecidos por el orden jurídico. Ni siquiera cuando se investigan delitos cabe admitir que el fin justifique los medios. Por ese camino se retrocede desde el Estado de Derecho a la Inquisición. Los derechos de los indagados deben respetarse siempre.

Ojalá que Brasil logre superar su crisis sin salirse de los marcos del Estado de Derecho. Las amargas experiencias del pasado reciente deberían servirnos de lección a todos. Ni superjueces metidos a justicieros, ni líderes políticos que crean que su caudal electoral les da derecho a la impunidad.

Lo que la Democracia necesita y hay que exigir, es que todos se sometan a la ley.

Por Ope Pasquet