¿Todo seguirá cómo está?

OPINION – Hace casi un mes, el 16 de mayo pasado, la muerte de 8 personas en el incendio de un hogar de ancianos en Montevideo, nos conmocionó a todos.

Durante varios días, todos los titulares de la prensa y los comentarios giraron en torno al acontecimiento, que dejó al descubierto que el lugar no contaba con la habilitación de Bomberos y que por consiguiente funcionaba sin la correspondiente habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Las autoridades lo sabían. De hecho había sido inspeccionado en dos oportunidades desde 2014, pero no fue clausurado. Y no lo fue -según reconocieron las autoridades- porque la mayoría de este tipo de hogares y residencias está en similares condiciones y tienen la habilitación “en trámite”.

O sea que no cumplen con todas las condiciones necesarias para funcionar. Pero lo hacen.

También quedó al descubierto que existe falta de coordinación entre el MSP y el MIDES para la habilitación y control de este tipo de establecimientos, que según un censo realizado en 2011, oficialmente alcanzan a casi 900 en todo el país.

Como consecuencia de esta tragedia, el Poder Ejecutivo modificó los requisitos para la obtención de la habilitación de Bomberos. A partir de ahora se accederá a ella con una declaración jurada del solicitante sobre las características del edificio y sin necesidad de inspección previa. Además, el MSP introdujo cambios en la reglamentación, pasando a exigir que haya, como mínimo, un funcionario cada 10 personas hospedadas.

Desde el Sistema Nacional de Cuidados, se aseguró que intensificará el control del estado en el que se encuentran los residenciales.

Pero diez días después, los ecos de esta tragedia fueron desplazados de los titulares por los graves disturbios ocurridos en el barrio Marconi.

Un enfrentamiento a balazos entre la policía y un par de presuntos rapiñeros, derivó en el copamiento y posterior quema de un ómnibus, el incendio de algunos autos y contenedores de basura, el corte de calles con barricadas y la pedrea a los agentes policiales e incluso a una ambulancia que había concurrido a prestar asistencia a los heridos. Un médico sufrió una importante herida con traumatismo de cráneo.

En los días posteriores se sucedieron análisis y comentarios de lo ocurrido, dejando en evidencia una situación de precariedad económica y social de larga data, agravada en los últimos años por los efectos del negocio del narcotráfico.

Una situación de “falta de Estado”, según palabras del Dr. Sanguinetti, que no es ausencia ni “tierra liberada”, sino falta de confianza en el Estado y las autoridades públicas, derivada de años de postergación y expectativas incumplidas.

Y pese a que todos los análisis coincidieron en que los incidentes tuvieron como trasfondo el creciente fenómeno de la marginación social, a la postre se lo enfocó como un problema de seguridad pública, que lo es, pero que no explica por sí solo lo ocurrido.

En ese sentido, la voz cantante la tuvo el Ministro del Interior, opacando la de otras autoridades públicas. En especial las municipales y del Ministerio de Desarrollo Social, que hasta la fecha no han anunciado medida alguna para superar las graves carencias en infraestructura y servicios de la zona y para rectificar las políticas sociales llevadas adelante, que no han dado los resultados esperados, según quedó demostrado.

Tampoco se hicieron sentir las autoridades de la educación, por más que todos coinciden en que la recomposición del tejido social pasa por la educación y el trabajo. El hecho de que la intervención de una maestra que viajaba en el ómnibus agredido y conocía a los delincuentes, evitara males mayores, habla a las claras de que la educación es el principal factor de integración social.

Pero el 23 de mayo el gobierno anunció el ajuste fiscal y el eje de la información volvió a cambiar: no se habló más de las precarias condiciones en que se atiende a la tercera edad, ni del Marconi y sus problemas, salvo para anunciar que todo volvía paulatinamente a la “normalidad”. Esto es, que reabrió la policlínica, que el 405 volvió a circular por el barrio y que en la escuela continuó el dictado de clases.

Que no se hable más de estos temas o que hayan perdido el protagonismo que los medios de comunicación les dieron por unas horas, no solucionará los problemas. Al contrario, lo único seguro es que si no se enfrentan adecuadamente, hechos como los comentados volverán a ocurrir.

A casi un mes del incendio que costó la vida de ocho ancianos y a quince días de los graves incidentes del Marconi, no sabemos qué están haciendo las autoridades del MSP, del MIDES, de la Intendencia de Montevideo, del Sistema Nacional de Cuidados, de la ANEP y del Ministerio de Trabajo, para comenzar a superar definitivamente estas situaciones de vulnerabilidad social que atacan derechos humanos esenciales.

Es de esperar que estén haciendo algo al respecto. Para eso están.

Unos días después del incendio del hogar de ancianos, la ministra Marina Arismendi de Desarrollo Social, que había guardado estricto silencio sobre lo acontecido, dijo públicamente que ella era la “responsable” de lo ocurrido.

Como no renunció a su cargo, única actitud que corresponde ante tal aseveración, bien puede especularse con que su responsabilidad no sea política sino civil, en cuyo caso se arriesga a un juicio indemnizatorio o penal, que podría derivarla a prisión.

En cualquier caso, no es con vacías asunciones de responsabilidad y menos con anuncios que quedan sólo en eso, que se evitará que estos hechos vuelvan a suceder.

Sólo se evitarán con políticas públicas adecuadas y mucho, mucho trabajo.

Por José Garchitorena – Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR). Máster en Derecho de la Empresa (UM). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UDELAR) entre 1987 y 1989.Trabajó en ANCAP desde 1988, siendo designado Gerente de Abastecimientos en 2007. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005).Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Fue colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Actualmente se desempeña como asesor del senador Pedro Bordaberry. Es autor del libro “Manuel Práctico de Derecho Electoral Uruguayo”, editado por la Fundación de Cultura Universitaria en 2004 y reeditado en 2009, y de “Historia de un mito”, editado por RandomHouseMondadori en 2011.