Limitemos el poder, aunque no les guste

OPINIÓN – “La historia de la Democracia es la historia de la limitación del poder”, aseguraba Thomas Jefferson, el sabio de Monticello.

En su lápida está escrito “Aquí yace Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia Americana, del Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia y padre de la Universidad de Virginia”.

En esos principios de la revolución norteamericana se inspiró Artigas.

Esos mismos que se encuentran en nuestra Constitución y que ven a la limitación del poder del gobernante de turno como una garantía esencial de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, sabiamente, nuestra Constitución exige mayorías especiales para designar los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, el Fiscal de Corte o del Tribunal de Cuentas.

La finalidad es clara: evitar que quien llega al Poder Ejecutivo pueda designar o imponer a quienes se encargan de controlar la constitucionalidad de las normas, organizan y controlan los procesos electorales, o vigilan al propio gobierno.

Esto es un carácter distintivo de nuestro país y nuestro sistema democrático republicano.

En especial si se lo compara con el “vamos por todo” que tuvo Argentina durante los tristes años de los Kirchner, con peleas por designaciones de miembros de la Suprema Corte y fiscalías.

También nos diferenciamos, hasta ahora, de los excesos del gobierno chavista de Nicolás Maduro con su Supremo Tribunal de Justicia (que le responde) declarando nulas las decisiones de la Asamblea General; o de Evo Morales y su ya famosa afirmación de que él decide las cosas y luego le pide a los abogados que las encajen en el sistema jurídico.

En los Estados Unidos, el señor Trump acaba de poner en tela de juicio esto cuando sustituyó a una fiscal sencillamente enojado porque había propiciado que un Tribunal pusiera freno a un decreto anti inmigratorio.

Esta limitación del poder se ha puesto en cuestión la semana pasada en nuestro país.

No una, sino varias veces.

Parece que algunos quieren seguir el camino de los Kirchner, de Maduro y hasta Trump.

Por ejemplo, con la ya tan comentada compra del avión presidencial.

En el 2015 el Presidente Vázquez resolvió comprar en forma directa un avión de un millón de dólares a un empresario amigo de un asesor suyo.

El Tribunal de Cuentas le advirtió que ello no podía hacerse sin licitación.

Por ende, armaron una licitación dónde claramente se beneficiaba al avión que el Presidente Vázquez quería comprar directamente.

En una rara casualidad, el expediente fue al Tribunal de Cuentas en momentos en que el Presidente del mismo estaba de licencia médica.

Pese a ello, y con el voto de un ministro que había sido propuesto por el Frente Amplio, el Tribunal de Cuentas volvió a observar la compra y la rechazó.

El Presidente no se amilanó e insistió.

Otra casualidad ocurrió: el ministro propuesto por el Frente Amplio y que había votado en contra de lo que pretende el Presidente Vázquez, renunció.

Adujo que había completado una etapa en el Tribunal.

“Casualmente”, asumió su suplente, también propuesto por el Frente Amplio, que votó a favor de lo que quería el Presidente.

Como me comentó un senador el otro día con indignación, no es que cambió el voto, ¡cambiaron al ministro!

Pero eso no fue todo.

Entre los partidos nos encontramos conversando en busca de un consenso para designar a los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia.

El Frente Amplio propuso el nombre de una magistrada que entiende es la adecuada para el cargo.

Al analizarlo hicimos saber que existen en el orden de prelación otros magistrados con lo que estimamos son currículum y actuaciones mucho mejores que el de la propuesta. Por eso, fundados en esos elementos objetivos, nos opusimos a esa designación.

La reacción, pública, de una senadora del oficialismo fue afirmar “que las mayorías especiales son la excusa para el veto de las minorías”, y que éstas habían sido incluidas en la Constitución antes que el Frente Amplio llegara al poder.

Ver a las garantías constitucionales como un veto de la minoría es una actitud peligrosa.

No son un veto, sino una garantía frente a aquellos que cambian ministros de Tribunales para cambiar observaciones a actos ilegales.

Son una garantía frente a quienes van por todo, incluido el Poder Judicial.

Son una garantía frente a los que deciden primero y después piden “encajar” lo resuelto dentro de las normas.

Son una garantía frente a quienes aprueban leyes inconstitucionales que desconocen pronunciamientos populares.

Son una garantía frente a quienes no quieren que se investiguen hechos de posible corrupción.

Esto no es nuevo.

A veces a los poderosos no les gusta que se les pongan límites.

Por ello Jefferson afirmaba que esa limitación es la historia y base del sistema democrático.

Aunque no les guste a Tabaré, Trump, Maduro o Constanza.

Por Pedro Bordaberry