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Justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo actuó con “ilegitimidad manifiesta” y “en forma evidentemente arbitraria” en el caso Toma
TOMA PA’ VOS
El exsecretario de Presidencia había solicitado una recusación de Lacalle Pou por prejuzgamiento, pero fue desestimada sin las garantías del debido proceso.
El Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 3er. turno falló este lunes contra Presidencia de la República y le dio la razón al exsecretario de la Presidencia del último gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Ángel TOMA, según indica este Informe de La Diaria.
El gobierno de Luis Lacalle Pou había instruido una investigación administrativa contra Toma por presuntas irregularidades en las misiones oficiales al exterior.
Toma promovió una acción de amparo para tramitar una recusación o apartamiento del caso de Lacalle Pou por entender que el presidente “prejuzgó” al declarar públicamente en contra de él antes de iniciar la investigación administrativa.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° turno le dio la razón a Toma y sostuvo que “se torna necesario sustanciar el proceso de amparo” solicitado, “a los efectos de oír” su planteo y aun con el sumario en curso “arribar a una decisión sobre la insatisfacción jurídica que el actor ostenta”.
El 16 de marzo, días después de esa decisión, el Poder Ejecutivo rechazó la petición recusatoria, “informando deficientemente” sobre la petición formulada y sin consultar al peticionante, según denunció Toma en su escrito. La decisión del Ejecutivo fue firmada por el propio recusado, Lacalle Pou. El exsecretario de Presidencia de Vázquez denunció que Lacalle Pou vulneró el “deber constitucional de instruir debidamente el asunto” y solicitó que, antes de concluir el sumario en su contra, se instruyera la recusación respetando los parámetros constitucionales, que incluyen la vista previa al afectado y el derecho a proponer prueba.
En su dictamen, el tribunal le da la razón a Toma y entiende que hubo “ilegitimidad manifiesta” en la actuación del Poder Ejecutivo por no dársele al exsecretario de Presidencia la oportunidad de formular descargos y ofrecer pruebas. Esto constituye una “clara lesión al derecho constitucional” al debido proceso administrativo, remarca el tribunal. Por tanto, suspende la resolución dictada por el Ejecutivo el 16 de marzo, y este deberá “instruir el incidente de recusación respetándose el debido procedimiento administrativo”.
